30.04.10

Un problema de España

Autor: Joan Saura
Càrrec de l'autor: President d'ICV
Publicat a: El País

Que nadie se engañe: la situación del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
pendiente de una sentencia que resuelva el recurso presentado en su contra
por el Partido Popular y el Defensor del Pueblo, entre otros, no afecta sólo a
Cataluña y a los catalanes, sino que afecta al conjunto de España y a los
españoles.

Es una irresponsabilidad minimizar, como está haciendo el Gobierno del
Estado, los efectos de una sentencia negativa, dictada por un tribunal con un
gravísimo déficit de legitimidad. El último intento de dictar una sentencia
confirma todos los temores. Además de los incidentes acumulados estos años:
recusaciones, filtraciones y mandatos caducados, asistimos a un proceso de
deliberación y acuerdo más propio de una cámara parlamentaria que de un
tribunal, con sus bloques políticamente dependientes, que intentan pactar una
sentencia como si de un proyecto de ley se tratara.

El Tribunal Constitucional no puede dictar una sentencia política, no puede
rehacer el pacto suscrito por el Parlament y las Cortes, sólo le corresponde
dictaminar si el Estatuto está dentro de los límites de una Constitución que es
abierta y flexible. Un mínimo sentido de la prudencia aconseja que, dadas las
circunstancias, el Tribunal renuncie en estos momentos a dictar sentencia y se
realice la pendiente renovación de sus componentes.

El mensaje para la sociedad catalana, de confirmarse las hipótesis más
negativas, sería claro: las aspiraciones de más autogobierno y más
reconocimiento nacional de Cataluña no tendrían cabida en el actual marco
constitucional. Cataluña tal y como la viven y la sienten la mayoría de la
ciudadanía no tendría encaje en la Constitución. El resultado sería el de una
grave crisis constitucional. Quizás su efecto no fuera inmediato, pero sí
irreversible. La Constitución de 1978, que permite, hasta ahora, opciones
políticas diversas en el desarrollo del Estado de las autonomías, dejaría de ser
el marco para el desarrollo político de la voluntad de autogobierno de Cataluña.
Otras opciones se abrirían paso, desde el pacto federal a la independencia,
pero con el denominador común de dar por superada la Constitución.
Una sentencia negativa significaría un ataque a la dignidad de Cataluña, que
no podría ser metabolizada por la sociedad catalana como una eventualidad
más de cualquier proceso político complejo, sino como una clara voluntad de
reducir el autogobierno y de frustrar cualquier avance en el reconocimiento de
nuestra identidad, después de haber seguido un proceso constitucionalmente
escrupuloso.

Es cierto que aún no se conoce la sentencia, pero por las filtraciones de prensa
que se han producido, la sentencia teóricamente positiva o "progresista" era
claramente contraria a aspectos fundamentales para Cataluña como la lengua
o las competencias y, por tanto, inaceptable.

En este momento, después de que el Tribunal Constitucional haya fracasado
en un nuevo intento de dictar sentencia, es necesario recordar qué
pretendíamos cuando impulsamos la elaboración del nuevo Estatuto, cuál es el
balance de su desarrollo y qué hacer en esta difícil situación.
La aprobación del Estatuto tenía tres grandes objetivos: incrementar el
autogobierno, con más poder político y económico para Cataluña; mejorar el
encaje de Cataluña en el Estado a partir de un mayor reconocimiento de
nuestra identidad; y contribuir a la mejora del Estado autonómico, a su proceso
de federalización, ampliando los mecanismos de colaboración, bilateral y
multilateral, y la participación de Cataluña en los organismos y las decisiones
del Estado que le afectan.

No hace falta recordar que el proceso de aprobación del Estatuto fue
dramático, con un hostigamiento constante por parte del PP, con recogida de
firmas contra su tramitación y con el recurso ante el Tribunal Constitucional
como colofón. El PP ha actuado como partido no ya centralista, sino
claramente nacionalista español, situando Cataluña y sus aspiraciones como
principal adversario. La prueba más evidente es que el PP no ha tenido ningún
escrúpulo en aprobar estatutos con artículos idénticos o casi idénticos a los que
ha recurrido del Estatuto catalán ante el Tribunal Constitucional.

Cabe preguntar al PP qué es lo que se ha roto en estos más de tres años, con
la aplicación del principio de bilateralidad o el nuevo modelo de financiación, el
incremento de las inversiones en infraestructuras, el traspaso de la inspección
de trabajo, el servicio ferroviario de cercanías o la aprobación de más de 40
leyes por parte del Parlamento de Cataluña. La respuesta es clara: nada. El
Estatuto se ha desarrollado con normalidad. Es más, se han aprobado una
nueva generación de estatutos que en gran medida siguen el camino del
Estatuto catalán.

Lo único que el PP está resquebrajando con su recurso contra el Estatuto, con
la manipulación e instrumentalización del Tribunal Constitucional y su hostilidad
es la paciencia de la sociedad catalana y la propia legitimidad del alto tribunal.
El Estatuto se está desplegando con normalidad y a buen ritmo, especialmente
en aquello que depende en exclusiva del Gobierno y del Parlamento de
Cataluña. El balance ya no es tan positivo si se analiza el desarrollo que
depende del Gobierno del Estado. Están pendientes de desarrollo leyes tan
importantes como la Ley Orgánica del Poder Judicial o la reforma de la
normativa de diversos organismos del Estado para garantizar la participación
de la Generalitat y de otras comunidades autónomas en los mismos. Sin duda,
se han producido avances fundamentales, como el nuevo modelo de
financiación, pero después de largos y desgastantes procesos negociadores.
Esto es consecuencia, en buena medida, de la falta de una clara hoja de ruta
por parte del Gobierno. El PSOE carece de un objetivo de llegada del modelo
autonómico, de un proyecto claramente federalista que asuma la España plural,
sin complejos, ante la derecha.

Ante esta situación difícil, con la espada de Damocles de la sentencia encima
del Estatuto, es necesario preguntarse cómo actuar y qué hacer. En mi opinión,
debemos actuar con las siguientes premisas: unidad y firmeza para defender el
Estatuto y voluntad política para superar la crisis institucional en la que se
encuentra el Tribunal Constitucional.

Unidad de los partidos políticos y de la sociedad catalana en la defensa del
autogobierno. La división, como tuvimos ocasión de comprobar en el proceso
de aprobación del Estatuto, es nuestra principal debilidad. Es un error desear
una sentencia negativa para avanzar en otro tipo de proyectos, el cuanto peor
mejor nunca ha traído nada positivo y, hoy por hoy, el Estatuto es el marco real
para hacer avanzar el autogobierno. Y es necesaria voluntad política, del PSOE
y especialmente del PP, para renovar el Tribunal Constitucional y realizar los
cambios legislativos necesarios para que esta situación no pueda volver a
repetirse, para garantizar la renovación automática de los miembros del tribunal
y evitar que los estatutos sean sometidos a control de constitucionalidad.
Y es que éste no es un problema catalán. Como siempre, como ha sucedido a
lo largo de la historia, los problemas catalanes son problemas de la
configuración del Estado, son problemas españoles.