Contra la crisi

Autor/a: Pablo Martinelli

Mitjans on s'ha publicat l'article: Treball

Ante una crisis del sistema financiero, un gobierno responsable tiene dos obligaciones fundamentales: la primera es evitar la quiebra de las entidades financieras y la segunda evitar en lo posible que la crisis se transmita a la economía real.

El Gobierno británico ha intervenido con un paquete de 500 millones de libras (unos 620 millones de euros): ha extendido avales a la banca por 250 millones, ha concedido crédito a corto plazo por 200 millones y ha entrado en el capital de las principales entidades del país inyectando capital por 50 millones de libras, destinadas a la adquisición de acciones de las mismas. Esto evitó el colapso del sistema financiero aunque no ha sido suficiente como para asegurar el restablecimiento del crédito.

Ante esto, el Gobierno británico ha adoptado un segundo plan, y según parece entrará en vigor a finales de enero, la nacionalización completa de las principales entidades financieras del país será una realidad a mediados de 2009. De este modo, se ha asegurado el cumplimiento del primer objetivo y se ha dotado de los instrumentos necesarios para cumplir el segundo. Si quieres salvar a la banca y hacer que ésta siga concediendo crédito, cómprala (por supuesto esto es costoso, pero siempre podrás revenderla en tiempos mejores, como hizo el Gobierno sueco para afrontar la crisis bancaria de principios de los ’90). El Gobierno español, en cambio, ha querido hacer creer que afrontaba el segundo objetivo, evitar que la crisis se transmitiera a la economía real, cuando en realidad afrontaba el primero, evitar la crisis de las entidades financieras.

Ha renunciado a la nacionalización (aunque fuera parcial) y así no ha conseguido ampliar el crédito y sólo temporalmente retrasar los problemas de la banca. El plan del Gobierno español se presentó como una “compra de activos de máxima calidad” de las entidades financieras para desbloquear algunos activos de las mismas a largo plazo y así “garantizar el crédito a familias y empresas” (ampliado con la extensión de avales hasta 100.000 millones de euros en el mercado interbancario). En realidad, el plan del Gobierno español ha consistido en comprar cédulas hipotecarias o bonos de titulación de hipotecas (¡he aquí los activos de máxima calidad, calificados por las mismas agencias de rating que han hecho posible la siembra por medio mundo de bonos basura basados en hipotecas subprime!) por 50.000 millones de euros, 20.000 de los cuales en 2008 (cantidad análoga a los vencimientos de deudas que la banca debía afrontar en el mismo período).

En otras palabras, el Gobierno ha asumido el riesgo de unas inversiones hechas por la banca, le ha prestado dinero prácticamente sin contraprestación (dadas las condiciones de mercado) y la banca lo ha utilizado para afrontar sus propios pasivos. Ese crédito no ha llegado a las empresas ni a las familias. El Gobierno ha salvado a la banca sin querer anunciarlo, y sin asumir la contraprestación que en el resto del mundo ello comporta: la propiedad. Y sin embargo, la solidez de las entidades españolas, que hace apenas tres meses parecía envidiable, cada vez es más dudosa. El sistema todavía tiene que afrontar pagos por 80.000 millones de euros en 2009 y el 60% de las deudas contraídas vence antes de 2013. El ministro Solbes dejó bien clara su doctrina en octubre: “no es labor del Gobierno decir a los bancos cómo manejar su cartera”; pero es labor del Gobierno decidir en qué modo es socialmente más útil emplear los recursos públicos.

Los bancos son entidades privadas y toman decisiones según el criterio de la maximización del beneficio privado (o de la minimización de las pérdidas). El sistema capitalista funciona así. No se le puede pedir a una empresa privada que pierda dinero. Pero en ocasiones (algunos creemos que demasiado a menudo) la persecución de cada agente económico de su propio beneficio privado no lleva a la maximización del beneficio social. En esas circunstancias es el Estado quién debe actuar, y hacerlo según unos criterios diferentes a los que emplea la empresa privada. Adicionalmente, la capacidad de endeudamiento del Estado es incomparablemente mayor a la de cualquier entidad privada, y por tanto su capacidad para asumir riesgos es mucho mayor. Si conceder crédito en este contexto implica asumir riesgo más allá de lo que según el criterio del beneficio es razonable, y sin embargo es la única manera de evitar una espiral contractiva que puede acabar recayendo sobre las misma entidades que hoy se niegan a concederlo, la vía británica (que el Estado acabe contando con las palancas de mando del crédito) parece, por una vez, no ser tan mala.